El intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, incumplió con todos los compromisos asumidos con el gobierno nacional, para la construcción de nueve reservorios de agua multipropósito sin que hubieran activado, los apercibimientos previstos en el “Convenio Marco de Coordinación y Cooperación” con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en tiempos en que Jorge Capitanich ocupaba ese cargo.
El acuerdo firmado en 2014 por Batalla y el entonces secretario de Ambiente, Omar Judis, formó parte de la denuncia presentada ante la Justicia Federal por el ex secretario de Concejo de la Municipalidad, Facundo Sebastián Silvestri por presuntas irregularidades en la gestión de aquel, cuyo pico con ribetes de escándalo se produjo en la entrevista que el popular comunicador social Julio Wajcman realizara a Batalla en el programa de mayor audiencia de La Radio.
En esa entrevista el intendente de Roca sostuvo que fue Domingo Peppo el que le recomendó la contratación de las empresas de José Hiperdingger para la construcción de viviendas populares, que tampoco se ejecutaron o no fueron terminadas. Sin embargo y en forma directa, el propio gobernador Peppo desmintió al intendente. Después, la noticia dejó de ser noticia o pasó de largo sin pena ni gloria mediática, mientras siguen investigándose los presuntos actos de corrupción.
Pobladores de Roca prestaron declaración testimonial en la causa ante la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Patricio Sabadini, quien cuenta con elementos suficientes y bastante sólidos para que requiera que Batalla sea investigado por la juez Federal 1, Dra. Zunilda Niremperger.
En la misma situación se encuentra el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk. En ambos casos falta que se concrete un paso, que será determinante, para el éxito de ambas investigaciones.
La Cláusula Quinta estableció las “obligaciones de la Municipalidad”. Lo concreto ha sido y es que el intendente Batalla es el “único responsable” de la implementación de los actos necesarios para la ejecución de las obras porque es el representante legal del municipio de Roca y responsable de rendir cuentas de los fondos transferidos por el Gobierno Nacional, que debió administrar de manera transparente.
La administración federal también está en deuda con la comunidad porque no efectuó los controles a que estaba obligada para detectar a tiempo y evitar el presunto fraude público. Tampoco aplicó los apercibimientos legales previstos en el Convenio, entre ellos la rescisión y caducidad de las transferencias, ni los reclamos administrativos y judiciales que también estaban perfectamente contemplados en casos de incumplimientos.
El CENTRO MANDELA ya había advertido en diciembre del año pasado que en otros convenios relacionado con la construcción de viviendas se ejecutaron solamente 90 de un total de 246 viviendas (entre construcción y mejoramientos habitacionales) con fondos de los programas Federal de Integración Socio-Comunitaria y de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
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